Con esta ley se pone en juego muchas ilusiones y proyectos donde la tecnología de la información se verá mermada con esta normativa inquisitoria, haciendo de Internet un campo minado de censores y perseguidores de cualquier web que despliegue en sus contenidos enlaces a material protegido por derechos de autor, cuando los jueces han estado sentenciando por activa y por pasiva, durante todos estos últimos años, que ENLAZAR A ARCHIVOS PUBLICADOS EN INTERNET NO ES CONSTITUTIVO DE DELITO, y tampoco que BAJARSE ESTOS ARCHIVOS DESDE ESTOS MISMOS ENLACES TAMPOCO ES CONSTITUTIVO DE DELITO SI NO EXISTE ÁNIMO DE LUCRO.
Reproduzco íntegramente el art. 270.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.
Sin embargo, este empeño y el interés particular del PSOE, y que no se nos olvide que PP y CiU también han puesto la mano en el fuego por sacar adelante, pese a unas primeras reticencias, esta disposición adicional ensartada dentro de la Ley de Economía Sostenible, casi por la puerta de atrás, y por obra y gracia de los adláteres de la llamada industria cultural quienes ha estado presionando a nuestros políticos y jueces para satisfacer su más que preclara intención de seguir manteniendo su actual pero ya obsoleto mercado de negocio, de querer imponer su propia ley, por encima de otras consideraciones, no hace más que aumentar la indignación entre los mismos usuarios de internet y la respuesta de reprobación por su parte no se hará esperar, tan pronto como suceda lo inevitable, salvo que el Ministerio de Industria se salga con la suya.
Por si fuera poco, esto lo he leido en la web del diario ABC. Es la opinión de un lector y tiene que ver con algo que se está ocultando en la gran mayoría de los medios: "INFORMACIÓN PARA LOS CONTRIBUYENTES (que somos quienes pagamos la juerga). La tal Sinde, ya cadaver político, y su injustificado séquito de siete personas del Clan de la Ceja, viajarán en breve a N.York, a "todo trapo" y lujo. Se alojarán en el Hotel "The Mark" , hotel "de moda" en N.Y. a razón de 800 euros diarios por persona y habitación, taxas, gastos (mini bar, almuerzos etc) e impuestos aparte. ¿Quién y por qué permite esta malversación de fondos de nuestros impuestos? ¿POR QUÉ ABC HA CENSURADO DOS VECES ESTA INTERESANTE INFORMACIÓN PARA LOS CONTRIBUYENTES?"
Una nueva cultura es posible, pero no tiene por qué ser gratuita. Quien quiera pagar por ella, está en su derecho y quien no, pues también y puede escoger entre varios modelos: Copyleft, Creative Commons y otras licencias que los creadores y autores prefieran para difundir sus obras sin necesidad de cobrar por ellas si ellos así lo quieren. Nadie les obliga a ello.
Hace falta recordar a lo que queda del actual gobierno socialista y al que pasará a gestionar el futuro del pais en los próximos cuatro años este decálogo:
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Fuente: Blog de Enrique Dans
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