No obstante, ya va siendo hora de hablar bien clarito: las descargas no van a matar a la industria cultural, sino todo lo contrario. Y para ello hablan los datos facilitados por diferentes sectores, pese a la marea de cifras de unos y otros. Sin embargo, los suministrados por el lobby cultural distan muchísimo de la realidad y solo buscan llamar la atención con grandes cortinas de humo, tratando de espantar a propios y extraños con que las descargas que ellos llaman "ilegales" (las que se realizan sobre archivos digitalizados en forma de ceros y unos tanto de música como de películas) acabarán con la cultura. Craso error. Uno puede entrar en una tienda y hurtar o robar uno o varios CDs o DVDs por la cara, ocultos bajo una gabardina o dentro de un bolso, mientras éstos no porten un sistema de alarma, bien en forma de adhesivo o la abultada cápsula de metacrilato. Eso sí es un crimen y debe ser penalizado como tal, bien como falta o como delito.
Pero un conjunto de bytes, de muchos ceros y unos, que son el resultado de volcar el contenido de un CD o DVD al ordenador en forma de archivos digitales es algo completamente distinto, un bien intangible sobre el que puede haber una cierta propiedad o simplemente no haberla necesariamente. Y la actual jurisprudencia habla de forma insistente de que descargarse estos mismos archivos digitales no constituyen delito alguno, mientras no se realice ningún tipo de lucro con los mismos. Asimismo, hablan los jueces que tanto ciertas webs como programas de P2P tampoco estarían vulnerando la propiedad intelectual si no hay ánimo de lucro de por medio y solo se actuaría contra las páginas que ofrecieran publicidad, al tiempo de mantener publicados enlaces a los mismos. La actual sentencia sobre el caso de Pablo Soto y su programa de intercambios lo deja también muy claro.
Después de haber estado leyendo en el dia de hoy, casi con algo de pasmo e incredulidad, la cruda afirmación del que es ya de facto el ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la cuestión que se nos viene planteando de fondo desde hace años, veo un antes y un después de la polémica Ley Sinde. ¿Habría que echarse las manos a la cabeza por el mensaje tremendista del ministro? Si alguien se lo tomase a la ligera sin caer en el fondo del tema, tal vez. No obstante, hay que ser precavidos. Se dice que actuará contra las webs que alberguen archivos con DRM y derechos de autor protegidos por el tan traido copyright, últimamente en entredicho y no contra los usuarios (¿nos merecemos realmente este respiro después de tantos años de agobios por parte de la SGAE y demás adláteres de la llamada cúpula creativa, incluyendo PROMUSICAE y otros chupasangres de la llamada contracultura, la que solo busca contraprestaciones porque la cultura sea para ellos su forma de negocio?). Debo tomarme esa reflexión del ministro con cierta incredulidad. A fin de cuentas, nunca he creido en ningún político que apoye tan incondicionalmente directrices con intereses totalmente particulares y no sea capaz de sopesar todas las opiniones y oir a las partes interesadas, para después elaborar con verdadero sentido de consenso las oportunas leyes o normas que protejan y contenten tanto a unos como a otros. Ante todo, le pediría al sr. ministro un poco más de coherencia y sobre todo no tratar de esconder las verdaderas motivaciones de su elocución ante los medios sobre esta cuestión (afirmo que detrás de ello está la de contentar al lobby cultural estadounidense, los grandes pánfilos contra los que habría que actuar si los jueces fuesen más listos).
Por eso, y porque creo que todo evoluciona hacia la distribución de contenidos via "streaming" tanto de música como de obras cinematográficas, lo que importa en los tiempos que corren no es la propiedad en sí de estos archivos (eso ya pasó a la historia) sino el acceso directo a dichos contenidos desde la red, pagando un precio, eso sí, pero factible y económico, sobre todo para los bolsillos más modestos. Nadie da duros a pesetas. Pero lo que sí sobran, y mucho, son los muchos obstáculos que existen y han existido desde siempre entre los autores y quienes tratan de comprarles sus obras: los intermediarios, auténticas piedras en el camino que existe entre la gestión de una obra con derechos de autor por parte de su creador o creadores (los que deseen licenciar con copyright sus obras) y sus potenciales clientes: el gran público. En la era digital, estos intermediarios sobran por completo y por tanto el coste para el usuario se reduce a lo que el autor/es o creador/es quiera o quieran recibir a cambio de tener sus obras protegidas por ellos mismos en la red.
La industria cultural, aquí y en otros paises industrializados, tienen que dar el paso decisivo hacia adelante, nunca hacia atrás. Es el único camino que les queda y no les vale tratar de inventarse leyes absurdas solo para servir a sus propios intereses y asustar a los internautas con que viene el coco que les va a cortar su conexión con Internet por haber sido unos chicos malos. Mira tú quiénes fueron a hablar.
